LA REBELION SE JUSTIFICA

ES JUSTO EL PARO DE LOS PEQUEÑOS TRANSPORTADORES DE BOGOTA

CONTRA UN MODELO DE TRANSPORTE MONOPOLICO Y EXCLUYENTE


VOCERIA NACIONAL del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP

Bogotá, Marzo de 2010

Los días lunes 1, martes 2, miércoles 3 de marzo de 2010 un poderoso paro de los pequeños transportadores, taxistas y la participación beligerante de jóvenes de los barrios populares, está sacudiendo la ciudad capital. Los grandes medios de información han desplegado una estrategia en la que los únicos voceros de este conflicto son el Alcalde Samuel Moreno y los grandes empresarios del transporte urbano, mientras que las voces y peticiones de APETRANS que agrupa a los pequeños y medianos transportadores, no solo son invisibilizadas sino estigmatizadas.

Las exigencias de la Asociación de pequeños Transportadores son dos esencialmente: Redefinir los lineamientos del proceso de licitación para conceder participación en la operación del sistema de transporte en las trece zonas en que se dividirá la operación del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO – SITP, que deja todas las ventajas a los grandes capitalistas del sector, quienes buscan sacar del negocio a los pequeños propietarios. Y en segundo lugar rediscutir la tasa de rentabilidad que se les ofrece a los pequeños transportadores, ya que es muy baja, 0,8% mensual, es decir menos de un millón de pesos, monto muy inferior a lo que perciben actualmente.

De fondo se trata de un desacuerdo de los pequeños y medianos transportadores con el Decreto 009 de 2009, que “adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C.”, el cual en nombre de la “modernización y mejora de la movilidad”, adopta un esquema empresarial monopolista, que es lesivo para los pequeños transportadores y sobre todo para los habitantes capitalinos que debemos transportarnos obligatoriamente en el servicio masivo.

A continuación presentamos los elementos de análisis que nos llevan a considerar justo este movimiento popular de protesta.

1. EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO - SITP: EL MISMO MODELO DE “AGRO INGRESO SEGURO”

En la Bogotá de los últimos 20 años se ha consolidado un modelo de ciudad al servicio del gran capital, que en lo esencial no ha sido cuestionado por las dos administraciones del POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, a pesar de los intentos reales, pero insuficientes en materia del sistema de salud y de educación como derechos fundamentales.

El sector del transporte público ha sido escenario de una fuerte lucha de clases entre los grupos monopólicos que hoy hacen parte de la granburguesía colombiana y los medianos y pequeños transportadores, condenados por la política pública y la competencia monopólica, a la extinción en nombre de la “modernización”.

Veamos:

En Bogotá circulan cerca de 1 millón de vehículos particulares que movilizan 2 millones de personas, cerca de 25 mil buses, busetas y colectivos transportan más de 4 millones de habitantes, y el Sistema TransMilenio, que ha venido creciendo, transporta el 23% de la demanda de transporte público en la ciudad. Es decir para los socios del monopolio Transmilenio, el 77% restante es el botín a conquistar.

El argumento para imponer el SITP es que el 77% no transportado por Transmileno, es ofrecido por un sistema de “transporte público colectivo que mantiene altos niveles de informalidad e ineficiencia en su esquema organizativo y en su gestión empresarial”. Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, de los 30.000 vehículos de transporte público colectivo, una tercera parte opera ilegalmente, además la ciudad solo requiere unos 16.500 vehículos para atender la demanda.

Por eso la estrategia de modernización del SITP es la formalización capitalista de todo el sistema de transporte urbano, esto quiere decir, que quienes están mejor “dotados” para cumplir los requerimientos legales de la industria moderna del transporte, serán los favorecidos por el gobierno para administrar el servicio. Se trata del mismo esquema con que operó el nefasto programa “Agro, Ingreso Seguro”, según el cual solo los poderosos capitalistas son los llamados a iluminar y por supuesto usufructuar los recursos y bienes públicos. Se trata de la idea de la pérdida del derecho al transporte público de calidad, como un derecho a la ciudad, en nombre de la eficiencia capitalista empresarial, esto lo demostraremos más adelante.

Los esquemas de licitación del SITP (uno de los puntos cuestionados en este paro) plantean, en el papel, la participación de los pequeños propietarios de buses, pero sobre la base de su subordinación a los grandes socios. En esta licitación, la ciudad se divide en 13 zonas, que serán administradas por las “siete grandes” (ver más adelante), que deben integrar a los pequeños, como medida “reparadora”, pero no como socios, pues los pequeños no tienen la “capacidad empresarial”, sino como empleados.

Para resolver las diferencias entre Alcaldía y transportadores se creó una Comisión conformada por varios concejales (Jaime Caicedo, Carlos Ferreira, Celio Nieves, Hipólito Moreno y Álvaro Argote) que buscaron ser una instancia mediadora. No es gratuito que durante el paro, la Comisión no fue convocada por los grandes medios, ni su opinión fue difundida.

Según el Concejal Jaime Caicedo, "la licitación pretende entregar este jugoso negocio a las mismas siete familias que monopolizan gran parte del transporte en Bogotá, dejando en la calle a más de 16.000 familias que viven de su bus o buseta”.

Según los voceros del paro, el proyecto del SITP es excluyente para los pequeños transportadores de la ciudad. En términos financieros para que una empresa aspire a manejar una de las trece zonas, debe tener gigantescos recursos desde su conformación. Se necesitan como mínimo de 16 mil millones de capital, 58 mil millones en pasivos y una capacidad de endeudamiento superior a los 60 mil millones de pesos. Es decir, está claro quiénes pueden participar en las licitaciones.

2. LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE URBANO, UN SECTOR MONOPÓLICO EXCLUYENTE

Ante la oposición de los gremios capitalistas del transporte en Colombia, el Estado fue incapaz de crear un sistema masivo público, históricamente han sido los empresarios privados los que han usufructuado este rentable sector de la economía.

Desde que surgió el Sistema TransMilenio en 1999, este se convirtió en un monopolio que no retribuye de manera significativa a la ciudad. En primer lugar, se presenta una distribución inequitativa de los ingresos, aproximadamente cada día el sistema recauda $1.440 millones, de los cuales a la ciudad le corresponden solamente el 3 ó 4%. En el esquema del Sistema Integrado de Transporte Público los servicios alimentadores deberán ser pagados por los usuarios. Se trata del sistema de transporte masivo más costoso del mundo, que no garantiza tasas diferenciadas para estudiantes, tercera edad, mujeres embarazadas como en las ciudades más “modernas” del planeta.

El monopolio de Transmilenio está conformado por un cartel de empresarios u operadores que a su vez domina el servicio de transporte colectivo. Los operadores son:

GRUPO EXPRESS DEL FUTURO. Sociedad Anónima creada en 1999, a partir de la asociación de las grandes y poderosas familias agrupadas en CONALTUR, ASOTUR y FECOLTRAN. Las principales familias son los Gutiérrez, fundador de Comnalmicros que hoy manejan su hijo William y la exconcejala Yamile Medina, del partido uribista Colombia Democrática, cuyo presidente era el primo del Presidente Uribe, Mario Uribe. Los Hernández, cuya cabeza Luis Hernando Hernández, de Transportes Panamericana S.A., Los Ríos: su cabeza es Javier Ríos. Tienen acciones en Express del Futuro –operador de TransMilenio– con Aseo Capital, consorcio del que son grandes accionistas. También son operadores de transporte en Santiago de Chile. De este operador también hacen parte las compañías de transporte Expreso del País, Republicana de Transporte, Transportes Panamericana y Unión Comercial de Transportes. Es tal su capacidad capitalista que invierte en los sistemas de transporte en Chile y Perú y es además el grupo mayor beneficiado por el SITP.

TRANSMASIVO. Conformado por tradicionales empresas de transporte público colectivo como Ucolbus, Buses Blancos, Empresa Vecinal de Suba, Transportes Bermúdez, Universal de Transportes y Flota Usaquén; tiene inversiones en el Perú y es otro de los beneficiados del SITP.
GRUPO SÍ. Manejada por las familias de Víctor Raúl Martínez y de Alirio y Fabio Ruiz. Estas familias son las principales accionistas de Sotrandes, Sidauto, Expreso Bogotano, Santa Lucía, Nueva Transportadora de Bogotá, Transportes Distrito Capital y Cootransuba, entre otros. Es el principal operador del Sistema Megabús de Pereira, y también invierte en Perú, es otro de los beneficiados del SITP. Hace parte de este grupo la empresa Coprotrans, creada en el 2004 por Miguel Ángel Pérez –ex asesor de la Secretaría de Tránsito y ex presidente de Apetrans (la impulsadora del paro de 2005), que salió favorecido en términos empresariales del Paro de 2005, ya que abandono a APETRANS y dio un salto en su origen de clase, de burguesía nacional a granburguesía del transporte.

METROBUS – CIUDAD MOVIL. Un conglomerado del empresario y ex senador Henry Cubides O. dueño de Coltanques y Envía y el operador de Transmilenio Metrobús (junto con la empresa alimentadora ETMA). También han sido contratistas de la Policía y de la Secretaría de Educación del Distrito.

MEGATRANS y MI BUS. Lideradas por la Cooperativa La Nacional, de Alberto Pinzón, la cual agrupa 18% de los transportadores de la ciudad y por el gremio de los medianos transportadores de Acotrans, cuya representante es Nohemí Pinilla.
Estos monopolios muestran en el último año enormes ganancias: Express del Futuro tuvo ventas por $66.411 millones (aproximadamente US$34 millones); el Sistema Integrado de Transporte SI 02 con $60.447 millones (aproximadamente US$31 millones); Conexión Móvil $60.121 millones (aproximadamente US$31 millones) y 16,1%; Sistema Integrado de Transporte SI 99 $59.943 millones (aproximadamente US$30 millones) y 3,1%; Metrobus $48.505 millones (aproximadamente US$25 millones) y 22,9%; y Ciudad Móvil $44.078 millones (aproximadamente US$22 millones) y 16,4%.
La conclusión es clara, el rol del Estado es canalizar grandes recursos provenientes de los presupuestos nacional y distrital para ponerlos al servicio de los grupos monopólicos, un fabuloso negocio para beneficio de unos cuantos inversionistas privados que controlarán monopólicamente el transporte en la capital del país denominado pomposamente SITP.

LOS EMPRESARIOS ANTE EL PARO
Como hemos visto la composición de clase de la industria del transporte es de una parte un sector de granburguesía monopólica agrupada en tres grandes gremios, que son tanto operadores de Trasmilenio, como dueños de la mayor parte del transporte colectivo, los tres grandes son: CONALTUR, cuyo presidente es Marco Tulio Gutiérrez; ASOTUR de Alcídes Torres y FECOLTRAN de Juan Sánchez. En segundo lugar está la burguesía no monopolista en donde están ACOTRANS de Nohemí Pinilla, COPOTRANS de Luis Aguilar; y por último la burguesía nacional inferior, agrupada en APETRANS, cuyo presidente es Alfonso Pérez.
El Paro es lanzado por APETRANS, los demás gremios mantuvieron reservas, pero no se pronunciaron el día lunes 1 de marzo, esperando que el movimiento de protesta impulsado por los pequeños transportadores les generara mayores ventajas en su ya sólido lugar de negociación frente al modelo del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, cuando vieron que el paro cobraba fuerza, a la luz pública salió el presidente de CONALTUR, MARCO TULIO GUTIERREZ, uno de los gremios de mayor poder en el sistema de transporte a nivel nacional y refrendó el apoyo al SITP, como ya lo había hecho en octubre de 2009, descalificando a APETRANS y llamando al gobierno a acabar de una vez por todas a este gremio de informales y sediciosos, es natural esa expresión de un capitalista en proceso de concentración y expansión, que espera aumentar sus activos a costa de la desaparición de la pequeña competencia.
EL DERECHO AL TRANSPORTE PUBLICO COMO UN DERECHO DEL PUEBLO
Durante el paro, los grandes empresarios, el gobierno nacional y la alcaldía de Samuel Moreno se arrancan los cabellos y claman por mayor represión contra los manifestantes para garantizar el derecho al transporte, en realidad de lo que están hablando es del eterno derecho burgués a la propiedad y a la libre empresa. Desde otra perspectiva entendemos el derecho al transporte como un derecho del pueblo, que contempla que toda persona puede desplazarse en condiciones satisfactorias y dignas de acceso, permanencia, calidad, precio y coste colectivo acorde a los ingresos de la población, en donde además se democratice la prestación de este derecho y se evite su concentración monopólica. Es sobre este criterio, que debe construirse un verdadero SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO, lo que a todas luces no será posible mientras en el régimen de poder existente en la sociedad no se creen condiciones reales para la participación y organización popular en torno a las decisiones que constituyen su existencia.
Por estas razones, es justa la protesta popular contra el proyecto monopolista y excluyente del SITP, esto implica construir colectivamente escenarios con participación social y popular real que creen condiciones para diseñar y establecer un modelo de ciudad y de país distinto al actual. Por ahora, que sea el derecho a la rebelión el que se exprese en las calles y haga sentir el inconformismo popular.

VOCERIA NACIONAL – MODEP

EM CHIAPAS, PASSADOS 15 ANOS DA OFENSIVA CONTRA O ZAPATISMO, A MILITARIZAÇÃO PERSISTE.

Ao completar 15 anos da ofensiva militar do governo federal de Ernesto Zedillo contra centenas de comunidades zapatistas em Chiapas, em 9 de fevereiro de 1995, e diante do crescente número e gravidade das agressões contra esses mesmos povos, sobretudo na Selva Lacandona, coletivos e organizações aderentes à Outra Campanha em várias partes do país manifestaram que, "com sua guerra de extermínio, o mau governo não procura só acabar com o EZLN, mas sim com a vida e a dignidade dos nossos povos".

Cabe destacar que a ocupação decretada há três lustros se mantém intacta e agora, após a militarização do território nacional para combater o crime organizado, Chiapas continua sendo o estado com maior presença de efetivos castrenses.

"O que (o governo) parece ignorar é que o projeto zapatista tem chegado além de nossas fronteiras, vive em muitos lugares do mundo. Esses muitos que somos não vão se render", afirmaram os aderentes da Outra Campanha.

Por sua vez, a Rede contra a Repressão e pela Solidariedade, também da Outra Campanha, se manifestou a respeito das agressões contra as bases zapatistas em Bolón Ajaw (município autônomo Comandanta Ramona) e Laguna San Pedro, esses últimos desalojados dos Montes Azuis.

"As ações de intimidação e desalojamento efetuadas pelo mau governo, utilizando a Organização para a Defesa dos Direitos Indígenas e Camponeses (OPDDIC), ou de forma direta, confirmam a atividade dos grupos paramilitares com a aprovação e a tolerância dos três níveis de governo, a fim de expropriá-los destas terras para destiná-las ao investimento em projetos turísticos".
Aderentes à Sexta Declaração da Selva Lacandona agrupados na Outra Jovel denunciaram que o governo "cria, treina e arma grupos paramilitares para instrumentar conflitos, com faz com a OPDDIC em Bolón Ajaw". Afirmam que "disfarça essas agressões" e "para limpar sua imagem mostra uma cara de negociação, ‘boa vontade e respeito pelos direitos humanos’, que cai diante da brutalidade de suas ações e da forma descarada com a qual busca apropriar-se de terras e territórios autônomos zapatistas. O medo do mau governo tem aumentado tanto que dispõe de seus recursos para criar um clima de terror e violência, visando justificar uma intervenção militar".

Enquanto isso, uma dezena de organizações civis que integram a Rede pela Paz em Chiapas manifestou "profunda preocupação" pelos desalojamentos ocorridos nos dias 21 e 22 de janeiro em comunidades indígenas dos Montes Azuis, e alertaram quanto ao risco de novos desalojamentos "anunciados por várias fontes".

Assinalam que com "o desalojamento forçado de Laguna Suspiro e Laguna San Pedro, várias garantias e direitos fundamentais foram violados, atentando contra a integridade de crianças, mulheres e homens que ocupam a região desde tempos ancestrais".

As operações policial-militares "não têm sido as primeiras nos Montes Azuis" razão pela qual, "devido aos planos governamentais de ‘expropriação territorial’ para a criação de circuitos turísticos, se teme continuem fragmentando a vida comunitária e o tecido social das comunidades ameaçadas de desalojamento".

A Rede pela Paz destaca "a parcialidade" da mídia local por sua "estigmatização, sem investigação prévia e cobertura das várias fontes não-oficiais". Ao divulgar "unicamente" a versão governamental dos acontecimentos, "colocam em risco a integridade das famílias desalojadas, dos defensores de direitos humanos e dos habitantes de outras comunidades". As organizações civis "com trabalho documentado na região" rechaçam "o discurso de ‘conservação e proteção de recursos naturais’ utilizados pelos vários níveis de governo para obter o controle territorial - que se traduz em social, político e econômico – de uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Estado de Chiapas"

O PETRÓLEO E A FAVELA

O Brasil possui cerca de 40 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e grande parte dessa população está localizada nos morros e nas favelas. São brasileiros que abandonam sua terra natal e vão morar em barracos perto dos grandes centros em busca de oportunidades; outros vêm de gerações e gerações que ali residem. Essas pessoas são carentes de tudo: da casa própria, do emprego e renda, da escola, da creche para seus filhos, do hospital, são as maiores vitimas da violência. Muitos perdem seus filhos para o tráfico pela falta de um trabalho digno.






E o petróleo, o que tem a ver com isso? O Brasil, através da Petrobrás, descobriu o pré-sal, reservas gigantes de petróleo e gás, que pode superar toda nossa carência de políticas públicas. Podemos fazer isso sem endividar o país e sem pedir empréstimo a nenhum organismo internacional. Essa é uma luta que estamos travando e grande parte dessa discussão se dá no Congresso Nacional.






O governador Sergio Cabral está cobrando a manutenção e o aumento na participação do estado do Rio nos royalties do petróleo. Isso significa tapar o sol com peneira diante da possibilidade que esse petróleo tem de melhorar a vida do nosso povo; principalmente os mais pobres. Nas décadas de 1940 e 1950 muitos brasileiros foram perseguidos, presos e alguns foram mortos por participar da campanha “O Petróleo é Nosso”. Naquela época, o petróleo era um sonho dos brasileiros e, hoje, o petróleo existe no fundo do nosso mar em grande quantidade e o governo Lula quer partilhar esse petróleo.






O governo Lula propõe que 30% desse petróleo seja nosso e o restante seja partilhado através de leilões cujo vencedor será aquela empresa que oferecer mais vantagem para o Brasil. O movimento social apresentou um projeto de lei que propõe que 100% do petróleo seja nosso. O ator Paulo Betti, em nosso filme “O Petróleo Tem que Ser Nosso – Última Fronteira” deu um depoimento que sintetiza nosso pensamento. “O petróleo foi descoberto pela Petrobrás; está em nosso território; a Constituição Federal diz que toda a riqueza do nosso território pertence à União; então a campanha ‘O Petróleo Tem que Ser Nosso’ é o óbvio ululante”.






Se permitirmos, nosso petróleo vai virar propriedade dos países ricos como foi nosso Pau Brasil, nossa borracha, nossa prata e ouro. E agora os mesmos países vão levar nosso ouro negro. Nosso petróleo a preço de banana vai servir para melhorar a qualidade de vida dos países ricos e no Brasil grande parte dos brasileiros vai continuar na miséria.






Emanuel Cancella



Diretor do Sindipetro-RJ

Calendario Atualizado de março de 2010

03/03 – Reunião para organização das atividades em lembrança dos 20 Anos do Caso Acari, que culminarão em uma grande manifestação no dia 26/07/2010. Às 17h no escritório da Rede (Rua Senador Dantas, 20, sala 1407 – Centro).

09/03 – Audiência judicial do caso do assassinato de Josenildo dos Santos e mais cinco pessoas, no dia 02/04/2009 no Morro da Coroa. Os policiais militares Vagner Barbosa Santana, Carlos Eduardo Virgínio dos Santos, Jubson Alencar Cruz Souza e Leonardo José de Jesus Gomes respondem por homicídio. Recentemente,familiares de Josenildo e outros moradores foram ameaçados e agredidos durante operação do 1o BPM na qual participaram, aparentemente, alguns dos policiais acusados. É muito importante o apoio e a solidariedade à família e ao movimento dos familiares. A audiência será às 13h na 2a Vara Criminal do Fórum do Rio (Av. Erasmo Braga, 115 – Centro).

22/03 – Manifestação na abertura do Fórum Social Urbano que acontecerá entre os dias 22 e 26 de março, paralelamente ao Fórum Urbano Mundial da ONU. Detalhes a confirmar.
31/03 – Carreata e caminhada em lembrança dos 5 anos da Chacina da Baixada. Início às 14:30h na Via Dutra, em frente à Besouro Veículos, seguindo pela rodovia, com paradas onde as vítimas foram mortas, passando pela Rua Gama e depois por Queimados, com encerramento na Praça da Bíblia. Mais informações com Luciene (tel. 8640-6823).

31/03 – Cerimônia de entrega da 22a Medalha Chico Mendes, concedida todos os anos, desde 1989, pelo Grupo Tortura Nunca Mais do RJ e outros movimentos, a organizações e pessoas que se destacam na luta pelos Direitos Humanos. Este ano, entre outros, serão homenageados familiares de casos de violência estatal do período posterior à ditadura militar, como José Luiz Faria da Silva pai do pequeno Maicon, morto em 1996 durante operação irrresponsável do 9o BPM na favela de Acari, e militante da Rede, e Carmen Paula da Mota Gilson, mãe deRicardo Iberê Gilson assassinado em manicômio judiciário no estado do Rio de Janeiro em 1999. A cerimônia será no auditório do 25° andar do Clube de Engenharia, situado à Avenida Rio Branco, número 124, Centro.

GRAVÍSSIMO E URGENTE - BATTISTI, BERLUSCONI E os "suicidios" politicos nas prisões italianas

Camaradas,

pedimos a quem não assinou e concorde com o pedido de Asilo Presidencial para Césare Battisti, entre no endereço abaixo, faça sua adesão e o divulgue o mais ampalmente possível.

http://www.petitiononline.com/btstlng/petition.html


O nosso manifesto com o pedido de Asilo Presidencial Battisti, que circula há algum tempo na Internet, ainda não chegou a duas mil assinaturas, sendo que um número esmagador de sigmatários bão é de brasileiros ou pessias residentes no Brasil, conforme vocês poderão checar.

Permitir que Battisti seja entregue ao Governo Berlusconi, é tão grave quanto permitir a Anistia para os torturadores brasileiros.
Entregar Battisti e anistiar torturadores faz parte da política da ultra-direita internacional, representada no Brasil, entre outros pelo ministro da Defesa - doutor Nelson Jobim, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal - doutor Gilmar Mendes.

Mais um suicídio de preso político nas prisões italianas! Por quê?

Na Itália, nos primeiros dez meses deste ano, 61 presos optaram pelo suicídio no lugar de ficar nas “seções especiais de isolamento” que os Tribunais impõem através do artigo 41Bis a todos os presos considerados “perigosos”. Agora o 62º suicídio por enforcamento foi da militante das Brigadas Vermelhas, Diana Blefari Melazzi, (38), por não agüentar mais o sistemático isolamento, após seis anos e meio de prisão.



Apesar do que foi veiculado na revista Carta Capital (a mando do então Sub-Secretario das Relações Exteriores italiano, Donato di Santo e de então embaixador italiano, Valensise) para os terroristas o 41Bis é obrigatório e a cadeia perpetua (ergástulo) é mantida para todos os presos políticos que não colaboraram durante as investigações.



Para Diana Blefari Melazzi (38) o suicídio por enforcamento foi a trágica saída do regime de isolamento especial. Presa em 2003 e condenada à prisão perpétua em 2005, a ex-brigatista Diana Blefari Melazzi começou logo a manifestar “problemas psicofísicos tanto que nos últimos quatros anos foi submetida a 30 perícias psiquiátricas, além de várias “medicações” no hospital psiquiátrico penitenciário de Montelupo Fiorentino, depois na prisão de Sollicciano, na penitenciária de L’Aquila e por último no complexo penitenciário de Roma (cárcere de Rebibbia).



Seus advogados e os familiares pediam, apenas, uma transferência para uma clínica psiquiátrica onde fazer um tratamento específico e, uma vez curada, voltar para a penitenciária. Pediam, também, que em função de sua doença lhe fosse retirado o 41Bis, isto é, o isolamento nas seções especiais para “terroristas”.



Após o suicídio da ex-brigatista, Luigi Manconi, Sub-Secretário de Justiça do anterior governo de centro-esquerda, declarou ao jornal La Repubblica “No meu tempo foram feitas dezenas de perícias psiquiátricas, segundo as quais resultou, sem nenhuma dúvida, que a Blefari sofria com graves distúrbios mentais. Mesmo assim a magistratura nunca quis tomar conta disso”.



O atual ministro da Justiça do governo Berlusconi, Angelino Alfano, após o anúncio do suicídio declarou em conferência de imprensa que “... A estabelecer que Diana Blefari Melazzi pudesse suportar a prisão, mesmo tendo em conta seu estado psicofísico, foram os magistrados do Tribunal, visto que não é o ministro que decide quem deve ficar ou não nas prisões”. (no jornal Il Messaggero, 02/11/2009)



Por isso, Caterina Calia e Valerio Spigorelli, os advogados da brigatista Diana Blefari Melazzi, no dia 02 de Novembro convocaram uma conferência de imprensa para denunciar que “... Diana Blefari Melazzi não foi tratada porque era uma terrorista das Brigadas Vermelhas: e foi por isso que ela chegou facilmente ao suicídio, sem alguma intervenção por parte do tribunal e das autoridades penitenciárias. Se ela fosse acusada de crimes comuns, certamente teria sido tratada, mas por ser acusada de terrorismo, prevaleceu a tendência do Estado de optar pelo poder da punição esquecendo o direito de salvar uma pessoa”. (jornal La Repubblica 02/11/2009)



Os advogados, diante dos jornalistas, acusaram o sistema judiciário e penitenciário italiano de ter implementado, desde 1978, um regime de isolamento especial para os presos políticos que prevê uma destruição psicofísica, sobretudo, no caso daqueles que não colaboraram com os investigadores. De fato, o suicídio da brigatista aconteceu 15 dias após o interrogatório dos agentes da polícia política DIGOS, na prisão Rebibbia. Será apenas uma casualidade?



O regime especial do 41Bis não provocou apenas o suicídio de Diana Blefari Melazzi. Desde 1974 até hoje foram registrados 13 “suicídios” de presos políticos (Bruno Valli, 1974; Lorenzo Bortoli, 1981; Francesco Berardi, 1979; Eduardo Arnaldi, 1980; Marino Pallotto, 1980; Alberto Buonoconto, 1980; Manfredi De Stefano, 1984; Dario Bertagna, Mario Scrocca, 1987; Claudio Carbone, 1993; Edoardo Massari, 1998; Maria Soledad Rosas, 1998). Sem considerar os outros presos políticos que morreram por “causas naturais”, apesar de seus advogados dizerem que isto aconteceu por falta de tratamento médico nas prisões especiais onde estavam, como resultou evidente nos casos de Fabrizio Pelli (leucemia) e Nicola Giancola (enfarte).



Diferentemente do juiz Franco Ionta, responsável do DAP (Departamento Penitenciário), Angiolo Marroni, responsável da situação dos presos na região Lazio sublinha “...Ninguém quis tomar conta do caso, de fato em 2007 foi lançado o alarme quando eu denunciei que a condição física da Blefari havia piorado tornando-se um sujeito esquizofrênico e inabilitado psiquicamente”. (tradução do jornal La Repubblica de 02/11/2009) .



O suicídio anunciado de Diana Blefari Melazzi obriga a fazer uma reflexão sobre o suicídio anunciado de Cesare Battisti. De fato, por uma vez, apenas uma vez é necessário perguntar: se as prisões italianas são assim rósea e humanitárias, tal como foram apresentadas por um ex-juiz brasileiro, por que nos últimos nove anos registraram mais de 510 suicídios por enforcamento nas prisões italianas?



Se os presos políticos (não arrependidos) e condenados a prisão perpétua teriam possibilidade de sair em apenas 12 anos, tal como escreveu o comentarista de Carta Capital, porque a cada ano se registra o suicídio de um ou dois deles?



Será que tudo isso é casual? Ou será que a condenação à cadeia perpétua, associada ao isolamento especial do 41Bis, é, ainda, a “solução ideal” para provocar a destruição psíquica e a auto-eliminação dos antigos inimigos do Estado?



CARP

Comitê de Apoio aos Refugiados Políticos

Tribuna Popular contra a higienização e a violência em Campinas – 10 de dezembro

No dia em que se comemora 61 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que pretendia combater violações e garantir dignidade e vida aos seres humanos, seus princípios continuam sendo violados pelas prioridades da sociedade de mercado.

A intolerância, o preconceito e a discriminação estão presentes, pelas mãos do próprio Estado, no cotidiano da população submetida à pobreza e à exclusão.

Em Campinas, no dia 10 de dezembro, participaremos de uma “Tribuna Popular” contra a higienização e a violência promovidas pela Prefeitura e o governo de SP, com o programa “Tolerância Zero” em nome da especulação imobiliária e dos interesses privados nas áreas centrais da cidade.

O Ato/evento marcará o lançamento do Núcleo pró-Tribunal Popular de Campinas


Auditório do Centro Pastoral PIO XI

Rua Irmã Serafina, 88, Bairro Bosque, Campinas-SP

Programação:

15h - Mesa de análise sobre higienização e violência

16h - Tribuna com 5 depoimentos: Moradores de Rua, Criança e Adolescente, Trabalhadoras (es) do sexo/Identidade Sexual, MTST/MST e Juventude/Negros.


17h – Debate


17:30 – Considerações finais


18:15 - Caminhada até o Fórum Central


19:15 - Ato

Campanha Paraisópolis Exige Respeito para a Comunidade Nova Esperança

Os moradores da Nova Esperança receberam no dia 20 de agosto de 2009 a
visita de assistentes sociais da Prefeitura para avisá-los que sexta-feira
seguinte (28 de agosto) uma parte da comunidade seria removida, para dar
continuidade às obras da construção da Avenida Perimetral (Viário que liga a
Rua Itapaiúna com a Viriato Corrêa passando pela Paraisópolis). São
aproximadamente 150 famílias, em área de um córrego, a comunidade temia que
com a derrubada de parte dos barracos e com as máquinas trabalhando o
terreno ficasse mais instável do que já é, e protestavam também pelo prazo
cruel de terem uma semana para providenciar a mudança! A Prefeitura ofereceu
como única opção aos moradores a indenização de 5.000,00 reais e isso
somente aos moradores que tivessem cadastrados. Alguns moram lá a muito
tempo de 8 e até 16 anos, e assim já possuiriam o tempo e os requisitos
necessários para adquirir o domínio (serem donos) de suas moradias. Nessa
época a Campanha Paraisópolis Exige Respeito fez reunião com os moradores e
procuramos a SEHABI, fizemos vários contatos para impedir ações arbitrárias
como as que estavam sendo propostas. Na sexta-feira dia marcado para o
despejo, a Campanha Paraisópolis exige respeito junto com os moradores
participaram de uma reunião, no Canteiro de Obras, em que ficou estabelecido
que as famílias que receberam os 5.000,00 ficariam com essa verba à título
não mais de indenização (cheque despejo) mas como pagamento de locação
social (bolsa aluguel), e que elas seriam incluídas nos atendimentos
habitacionais definitivos.

Desde então, com as obras e a retirada das primeiras 30 famílias, o restante
da Nova Esperança vem tentando contato com a Sub-Prefeitura, com a SEHABI,
para tentar marcar uma reunião, pois conforme todos temiam, o terreno está
cada vez mais instável com toda a comunidade correndo risco de deslizamento
e de perder todos os seus bens. Ali é claramente uma área de risco que
precisa ser priorizada. Todos os planos de urbanização e planos regionais
privilegiam as áreas de risco. As famílias desde setembro se organizam para
participar de reuniões em que estarão presentes membros da Prefeitura
Municipal para tentar marcar uma reunião, procram os assistentes sociais que
trabalham no canteiro e são ignorados.

Exigimos que a Prefeitura, Sub-Prefeitura, Secretaria de Obras, seja lá quem
sejam os responsáveis por essa obra e os responsáveis pelas áreas de risco,
que atendam aos pedidos da população e marquem uma reunião, para promover a
solução adequada da questão, pois é urgente a necessidade de encaminhamento
dessas pessoas para um atendimento habitacional.
Vale ressaltar que não há nada garantindo, o acordo feito entre os moradores
e a Prefeitura Municipal, estabelecido na reunião no canteiro, em que se
negociou que alguns moradores teriam a indenização substituída pela locação
social, foi um compromisso celebrado oralmente e carece ainda de uma
garantia por escrito.
Por isto exigimos:

*1- Reunião imediata dos moradores da Nova esperança com a SEHABI;*

*2- Inclusão dos moradores da Nova Esperança nos projetos de moradia da
região;*

*3- Imediata integração dos moradores em área de risco no programa aluguel
social*

*CAMPANHA PARAISÓPOLIS EXIGR RESPEITO*

Delegado titular do inquérito indicia oito membros da FAG

Encaminhando...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Companheiras e companheiros, até o Grupo RBS reconheceu que a causa é política e não um caso de policial e nos colocou na editoria de POLÍTICA. O delegado titular caracterizou com todas as implicações possíveis e a nota que saiu há pouco no Plantão da Zero Hora reflete a compreensão dessa farsa jurídico-policial. Temos a total confiança de que vamos conseguir nos defender e provar que o ocorrido foi um ato político de responsabilização de um evento de repressão ao MST cuja chefe do Executivo estadual e o comandante dentro do campo de operações são, de fato, os responsáveis políticos. Em qualquer país da América Latina esse episódio iria gerar uma indignação popular. Esperamos que o conjunto das entidades de base, movimentos populares e a esquerda autêntica compreenda que hoje é com a FAG, amanhã pode ser contra qualquer outra agrupação que ouse falar o que pensa e provar o que sabe.

Solidariamente, Federação Anarquista Gaúcha
www.vermelhoenegro.og/fag



Polícia concluiu inquérito que investigava campanha contra Yeda Crusius
Oito integrantes da Federação Anarquista Gaúcha foram indiciados

A polícia concluiu inquérito que investigava veiculação de campanha publicitária contra a governadora Yeda Crusius. Oito integrantes da Federação Anarquista Gaúcha foram indiciados por crime contra honra, incitação ao crime e formação de quadrilha ou bando.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, e apreendeu diversos materiais. Também foram adotadas providências quanto ao conteúdo publicado na internet.

hiperlink da fonte: http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1§ion=Política&newsID=a2719147.xml
------------------------------------------------------------------------------------------------------
De um homem nunca se deve pedir o voto, mas ação, iniciativa e luta.

Governo Lula quer dar poder de polícia às Forças Armadas

Projeto prevê que Exército, Marinha e Aeronáutica possam revistar pessoas e fazer prisões em operações na fronteira


As Forças Armadas deverão ganhar mais poder de polícia e proteção legal para realizar operações típicas de manutenção e garantia da lei e da ordem. Essas mudanças fazem parte da proposta de novo texto para a Lei Complementar 97 - a que o Estado teve acesso. Em operações de vigilância na fronteira e demais ações ordenadas pelos poderes constituídos, Exército, Marinha e Aeronáutica podem revistar pessoas, veículos e instalações e fazer prisões em flagrante delito.

O projeto de lei - em fase final de formatação na Casa Civil, após aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do parecer favorável do Ministério da Justiça e da Advocacia-Geral da União - fortalece de maneira explícita o cargo de ministro da Defesa. Ele passa a ter comando operacional sobre as três Forças, que ficam efetivamente subordinadas ao poder civil. Na prática, o texto acaba com a concentração de poder nos comandos.

A proposta, que respalda a Estratégia Nacional de Defesa e deve ser enviada ao Congresso ainda neste mês, também enfrenta uma antiga reclamação dos militares, quando são convocados para atuar em ações repressivas, como a subida de morros ou trabalhos de proteção social na época das eleições.

Agora fica claro que a tropa, nessas ações, desempenhará "atividades militares". Diante de eventuais incidentes, seus integrantes serão julgados por tribunais militares, e não pela Justiça comum, como ocorre hoje.

Alguns soldados, que fizeram vigilância nas favelas e participaram em 1994 e1995 das Operações Rio I e Rio II, respondem até hoje a processos na Justiça comum, quando estavam sob ordens do Exército. Sem proteção legal, são obrigados a pagar seus próprios advogados nos tribunais civis. Os soldados que estão no Haiti, na Missão de Paz das Nações Unidas (Minustah), são protegidos por legislação especial: fazem trabalho de polícia, mas na condição de militares.

Marinha e Aeronáutica ganham o poder de polícia que, hoje, só o Exército tem nas operações de repressão e prevenção nas fronteiras. Esse poder, que tinha vínculo só com ações de fronteira seca, passa a valer também no mar e nos rios jurisdicionais.

Para a Aeronáutica, um direito novo e específico: com base na chamada Lei do Abate, caças e aviões de interceptação da Força - que já têm o poder de controlar e perseguir o chamado tráfego aéreo ilícito, obrigando uma aeronave a fazer pouso forçado - poderão prender pilotos, tripulantes e passageiros em flagrante e entregá-los às autoridades judiciárias.

A proposta pretende evitar situações como a da semana passada. Um pequeno avião carregado com 150 quilos de cocaína foi interceptado e obrigado, após ser alvejado com dois tiros de abate, a pousar em uma fazenda de Cristalina (GO), a 140 quilômetros de Brasília. Até avisar e mobilizar a Polícia Federal, a Aeronáutica, que não tem poder de prisão, deu tempo para os tripulantes fugirem.

PODER CIVIL

A legislação, que trata da doutrina, organização, preparo e emprego dos militares, reforça a subordinação do poder militar ao poder civil eleito com a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Será instância no mesmo nível hierárquico dos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

O projeto de novo marco legal diz que a nomeação dos comandantes será feita pelo presidente da República, "por indicação" do Ministro da Defesa, e não mais apenas "ouvindo" o ministro. No emprego das Forças Armadas, a subordinação continua sendo ao presidente da República, mas por intermédio do ministro da Defesa. Hoje a subordinação não passa pelo ministério.

"A mais importante mudança é a subordinação operacional das três Forças ao Ministério da Defesa", avaliou o deputado Raul Jungmann (PPS-PE), presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional. Embora, na prática, a postura do ministro Nelson Jobim já tenha mudado o funcionamento hierárquico e operacional das Forças, legalmente, lembrou Jungmann, seu posto poderia ser encarado como o de uma "rainha da Inglaterra".